El TSJ de Castilla y León anula la autorización otorgada en 2010 a la fábrica de cemento de Venta de Baños por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por haberse omitido la preceptiva evaluación de impacto ambiental.
Se trata de la tercera sentencia dictada por el TSJ en relación con la incineración de residuos en fábricas de cemento, tras la anulación de las autorizaciones ambientales de las cementeras de La Robla y de Toral de los Vados, en León, respectivamente en julio de 2013 y enero de 2014.
De esta manera, ha sido declarada ilegal la incineración de residuos en las tres fábricas de cemento de la Comunidad, pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo y de los recursos interpuestos por los ecologistas contra la pretensión de incinerar hasta 200.000 toneladas anuales de residuos en estas instalaciones.
Ecologistas en Acción ha recurrido la semana pasada el Plan Integral de Residuos aprobado el pasado mes de marzo por la Junta de Castilla y León, plan dirigido a dar cobertura legal a la importación y quema en las fábricas de cemento de la región de centenares de miles de toneladas de residuos de todo tipo (rechazos, plásticos, neumáticos, lodos, envases, vehículos fuera de uso…), en detrimento de la reducción, la reutilización y el reciclado de los desechos.
La gran amplitud de los residuos que la Junta ha permitido incinerar en las tres cementeras garantizaba la emisión de importantes cantidades de sustancias tóxicas orgánicas como dioxinas y furanos, conocidos alteradores hormonales de carácter cancerígeno, además de metales pesados o hidrocarburos poliaromáticos, también cancerígenos. Como ha puesto de manifiesto un reciente estudio del Instituto de Salud Carlos III, la proximidad a las incineradoras de residuos incrementa significativamente el riesgo de morir por cáncer, en particular de estómago, hígado, pleura, riñones y ovarios.
Queda así de manifiesto el pliegue de la Junta de Castilla y León a los intereses del lobby pro-incineración, sacrificando el aprovechamiento material de los residuos y la seguridad ambiental y sanitaria de la población al interés económico de una industria en horas bajas por la caída en picado de la demanda de su producto tradicional, el cemento, situación ante la que buscan reconvertir su actividad hacia la importación e incineración de la mayor cantidad posible de desechos.
Ecologistas en Acción considera inadmisible que el Gobierno autonómico anteponga el interés económico de un sector industrial concreto como el cementero a la protección de la salud y el medio ambiente del conjunto de la Comunidad. Por ello, pide al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, un cambio radical en la política de residuos de su Consejería, cambio que debe pasar por el relevo de los actuales responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental, muy especialmente del Jefe de Servicio de Residuos, procesado por delito ecológico.
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